Tras varios años de
implementación de las medidas de austeridad en el contexto de la crisis
económica, España todavía no ha realizado una evaluación exhaustiva y con
consulta a las personas afectadas sobre los impactos de estas medidas, su
proporcionalidad y temporalidad y su posible finalización.
· La
ausencia de responsabilidad de las empresas ante violaciones de derechos
humanos también aparece en el punto de mira de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional acaba de tener
acceso a las recomendaciones públicas del Comité de derechos económicos,
sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) sobre el grado de
cumplimiento de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, un instrumento internacional ratificado por España hace 41 años.
Marta Mendiola, responsable del trabajo
sobre estos derechos en Amnistía Internacional, que estuvo recientemente en
Ginebra durante el período de examen sobre España de este Comité DESC, ha
asegurado: “Es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que
asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos así como
que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las
personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas”.
“En España la protección jurídica de
estos derechos es menor que la que tienen los derechos civiles y políticos,
empezando por la Constitución, lo que ha dejado a los derechos sociales a la
intemperie de la batería de medidas de austeridad aplicadas durante las últimas
legislaturas. El gobierno español insiste en que la recesión está superada, pero las
medidas de austeridad persisten y con ello persisten las dificultades para
acceder a estos derechos de una parte importante de la población ”.
Vivienda
En cuestiones como el derecho a la
vivienda, Naciones Unidas expresa su preocupación por el insuficiente
porcentaje de vivienda social en España, que no supera el 2% del total, los
precios excesivos de la vivienda, así como la falta de protección adecuada de
los derechos de las personas inquilinas con respecto a las propietarias en el
mercado de alquiler.
En relación con los desalojos, el Comité
DESC destaca que falta un marco legislativo que establezca requisitos y
procedimientos adecuados para llevarlos a cabo y que incorpore, entre otros,
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, asegurando que las personas
afectadas tengan acceso a vivienda alternativa.
“Desde Amnistía Internacional hemos
señalado en numerosas ocasiones la ausencia de ese marco legislativo adecuado,
en un contexto en el que entre 2013 y 2017 se han producido en España 312.361
desalojos. Seguir como hasta ahora, sin legislación ni cauces procesales que
protejan el derecho a la vivienda, es una clara vulneración de derechos
humanos”, insiste Mendiola.
El Comité DESC reclama a España que
asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales
locales para brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse
sin hogar como resultado de un desalojo.
Salud
“Sobre el derecho a la salud, Naciones
Unidas se sitúa del lado de las organizaciones de la sociedad civil, como
Amnistía Internacional y muchas otras, que hemos exigido una reforma del
Real Decreto Ley de 2012 que garantice a todas las personas que estén
en España, independientemente de su situación administrativa, una
asistencia sanitaria; es decir, Naciones Unidas exige la
universalidad del derecho a la salud, que se ha visto menoscabado en España en
los últimos seis años de vigencia de este Real Decreto, que ha tenido un efecto
claramente regresivo”.
El Comité DESC destaca que falta una
evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real
Decreto en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud y pide
llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la disponibilidad,
accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y
atención de salud.
Empresas
Por último, en relación con la responsabilidad de las
empresas ante la vulneración de derechos humanos, Marta Mendiola concluye:
“Naciones Unidas resalta la existencia de lagunas legales en España que no
garantizan el cumplimiento de la obligación de debida diligencia y recuerda que
las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los riesgos de violaciones
de derechos humanos”.
“Se trata de un avance importantísimo. Las empresas no
pueden ser meras espectadoras o beneficiarias de la realidad, son una parte de
la misma y, como tal, tienen obligaciones que cumplir, también en materia de
derechos humanos”.
///FINÁngel Gonzalo
Responsable de Medios de Comunicación
Amnistía Internacional España
